Código Electoral: ¿Un tema meramente doctrinal o cultural?


En meses pasados, el Gobierno encabezado por el Presidente Iván Duque y la Organización Electoral (Que es conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral) presentaron un Proyecto de Ley Estatutaria para reformar integralmente la ley que rige la materia electoral.


Sin embargo, un tema que debería ser meramente doctrinal, ya que esta norma es sujeta para el Estudio y la pedagogía, más que todo en épocas electorales, evidencia también la guerra cultural que actualmente libramos algunos grupos políticos. Además, también ha existido polémica con algunos artículos donde había una notable concentración de poder en manos del Presidente de la República sobre la Organización Electoral, como lo evidenciamos en el numeral 1 del artículo 260 del Proyecto aprobado en primer debate.[1] Que recientemente fue hundido en la Plenaria de la Cámara de Representantes.


Sin embargo, en las plenarias recientes se permitieron los dos siguientes artículos que amenazan con la democracia y la participación de determinados grupos políticos. El primero es el artículo 85, que dispone lo siguiente:


Las organizaciones políticas propiciarán mecanismos de democracia interna que garanticen la inclusión de la comunidad LGBTIQ+ en la selección de sus candidaturas, así como en todos sus órganos de gobierno, dirección, control y administración.


Antes de arrancar en materia debemos dejar en claro que, desde la Constitución de 1991, se garantiza los derechos políticos a todos los ciudadanos salvo las restricciones que imponga la misma Constitución o la ley. Entre ellos está, el derecho a elegir y a ser elegido que se encuentra consagrado en el numeral 1 del artículo 40 de la Constitución y también se garantiza la igualdad consagrada en el artículo 13 de la Constitución como principio rector no solamente de este Código si no del derecho electoral en general.


Dejo de antecedente esto, porque el artículo 85 (80 en el Proyecto Original) constriñe a toda organización politica a involucrar a las personas que pertenezcan a la comunidad LGBT+, vulnerando el principio de autonomía de los partidos e incluso pasando por encima de los estatutos de algunos partidos que no se sienten identificados con esta ideología, y también a una parte de las personas homosexuales, que no se han sentido representados por esa comunidad, ni por sus organizaciones. E incluso es curioso, que por motivos relacionados con la sexualidad de las personas exijan espacio en todos los partidos políticos, cuando realmente están dadas las garantías constitucionales y legales para que ellos participen en instancias democráticas. Además, cabe también resaltar que la homosexualidad lleva 40 años permitida (Fue despenalizada al entrar en vigor el Decreto 100 de 1980 (Código Penal de 1980) y los actos de discriminación, como impedir o restringir el ejercicio de los derechos de otra persona sea por su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad, etc. Son un delito contemplado en el artículo 134 A del Código Penal vigente.


Con esto, se le caen los argumentos a los que promueven este tipo de artículos y apelando a la discriminación histórica que han sufrido estos grupos. También hay que tener en cuenta que el acceso a la politica de los grupos cristianos ha sido lleno de un camino pedregoso y hasta el día de hoy seguimos siendo una minoría politica y no les exigimos (Ni le exigiremos) a ellos que impongan creyentes en los partidos, mientras tanto la comunidad LGBTI tiene una alcaldesa en la principal ciudad del país, 2 congresistas y funcionarios en altos cargos regionales (Como, por ejemplo, los casos de Tatiana Piñeros y Matilda Gonzáles Gil) si lo están haciendo con esta norma.


Ahora, en el artículo 84 del Proyecto se contempla la denominada “Cuota de género”, que dispone que en las listas donde se elijan más de 5 curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta, a excepción de su resultado, incluyendo aquellas que son relativas a la elección de directivos, siempre y cuando las Organizaciones políticas opten por este mecanismo para su elección, deberán conformarse por un mínimo de 50% de mujeres, sobre el número de candidatos inscritos a la corporación que se pretendan postular. Y para las listas de menos 5 curules, se aplica el 30%.

Este último porcentaje es el vigente, que se encuentra en el inciso 1 del artículo 28 de la Ley Estatutaria 1475 del 2011.


En lo personal, hay fallas en la práctica en las cuotas de género, ya que actualmente las listas deben conformarse con el 30% de los géneros y lamentablemente en el Congreso hay 19% de mujeres en el Congreso de la República.[2] Y en algunos municipios, en los Concejos municipales no hay presencia de mujeres en esas corporaciones (Como es el caso del municipio de Madrid, Cundinamarca)[3]


Esto refleja tres cosas, el primero, desde mi perspectiva el Estado por supuestamente “ayudar a la mujer” termina discriminándola, ya que la cree incapaz para que ella misma pueda llegar a un cargo de elección popular. Segundo, refleja el fracaso del mismo Estado en tratar de buscar estrategias para incorporar a la mujer a los distintos cargos públicos de elección popular. Y el tercero, derivado del anterior, es que nuevamente nos enfrentamos al problema de que algunos congresistas creen que con más normas se solucionan los problemas de este país (En este caso, incrementando la cuota de género para que haya más participación de las mujeres en corporaciones de elección popular) y lamentablemente esto no funciona de esta manera y menos si no hay acciones por parte del Gobierno Nacional y de la misma Organización Electoral.

Para finalizar, la reserva de ley es también una de mis dudas, ya que, una de las materias que regulan las Leyes Estatutarias son la Organización y Régimen de los partidos y movimientos políticos, Estatuto de la Oposición y las Funciones Electorales, en el artículo 152 de la Constitución y, por otro lado, según el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución, dispone que las Leyes Ordinarias expiden Códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.


A pesar, de los antecedentes de Leyes Estatutarias como la 134 de 1994 y la 1475 del 2011, sería excelente que, en sede de Control Automático en la Corte Constitucional, se resuelva esta duda a fondo y si es correcta la Reserva de Ley que se le da a este Proyecto de Código Electoral.

[1] Gaceta del Congreso N. 1404 del 30 de noviembre del 2020 [2] Colprensa. Participación de las mujeres en el Congreso es inferior a 20%, revela informe. 4 de Marzo de 2019. https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/participacion-de-las-mujeres-en-el--congreso-es-inferior-al-20-revela-informe-2835360 [3] Acta Parcial del Escrutinio Municipal E-26 de las Elecciones del 27 de octubre del 2019, Concejo, Madrid Cundinamarca, Registraduría Nacional del Estado Civil.


Este artículo hace parte del programa de Difusión y Libertad de expresión de las juventudes de Colombia Justa Libres, RUGE, y por lo tanto, son opiniones personales que no comprometen la posición oficial del partido, ni de sus juventudes.

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